El principio de
autonomía universitaria ha sido muy discutido en la historia de las
Universidades Públicas, y aunque sus alcances se han precisado en las
respectivas leyes orgánicas, intereses políticos lo han tratado de desvirtuar,
como en el caso de quienes identifican autonomía con extraterritorialidad o
peor, con impunidad.
Es compromiso permanente del Estado respetar
irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de cultura superior se
organicen, administren y funcionen libremente, y sean sustento de las
libertades, jamás como fórmula para crear feudos que implique un derecho
territorial por encima de las facultades originales del Estado.
La autonomía fue ganada
por la UES para que pudiese cumplir sus funciones sin injerencias externas y
ajenas, que le dificultarían el cumplimiento de aquéllas conforme a los
principios académicos y de proyección social, para que la educación que se
imparta se encuentre libre de todo dogmatismo o ideología.
La autonomía
económica de la UES, consiste en la administración de su patrimonio. Este es un
aspecto de particular importancia. Las universidades públicas no pueden cubrir
sus necesidades con recursos propios, lo que hace necesario que el Estado les
otorgue un subsidio. Recuérdese que las universidades cumplen funciones que al
Estado corresponden. Luego, el subsidio es una obligación de éste, no un acto
de gracia.
No obstante, a
través del subsidio el Estado podría, llegado el caso, tratar de influir en las
universidades, y es por ello que se ha entendido que la autonomía, desde el
punto de vista económico, implica que son las propias universidades las que
determinan en qué materias y en qué proporción se gastarán los recursos. En consecuencia,
la autonomía económica tiene especial importancia a pesar del otorgamiento de
los subsidios. Con los enormes gastos que una universidad pública realiza no es
posible que los efectúe con sus propios recursos; luego, autonomía no es
sinónimo de autosuficiencia económica.
Aunque el Rector de la UES ha declarado,
contrariando la lógica, que la Universidad Nacional no funciona por el
presupuesto asignado, sino por la “eficacia” con que se administran sus fondos
propios (sic!), que además sólo él sabe a cuánto ascienden en realidad.
Las instituciones
que reciben fondos provenientes del Estado, suelen publicar sus estados
contables y entregarlos al órgano de fiscalización, como principio de
transparencia y rendición de cuentas. El manejo de sus recursos económicos no
debe prestarse a duda o suspicacia algunas.
La universidad, en este aspecto,
debe ser una caja de cristal. Este no es, lamentablemente el caso de la
Universidad de El Salvador hoy en día, pues es prácticamente la única
institución pública, que no liquida su presupuesto en tiempo, según el
Ministerio de Hacienda.
En medio de todo
este ambiente poco claro de administración de las autoridades actuales, en
dónde algunos señalan evidentes indicios de corrupción y otras desviaciones, se
ha suscitado un enfrentamiento dirigido contra el Gobierno y en parte contra la
Asamblea Legislativa, pues se dice que de manera malintencionada, se está
privando a la UES de su presupuesto y esto amenaza con una supuesta “crisis”
sin antecedentes.
Nada más falso.
Las autoridades centrales de la UES (Rectoría y CSU), se han parapetado en un
argumento baladí y malicioso, pues dicen que se les adeudan quince millones (por
su parte, la Asamblea General Universitaria, sostiene que son casi nueve
millones de dólares y otras voces allegadas al Rector sostienen que siete, lo
cual es poco serio) para poder terminar el año fiscal 2013, y debe reforzarse
con una cantidad equivalente, al presupuesto del 2014, al cual ya se le trazó
un techo de acuerdo a la situación financiera del Estado, que no está en
período de bonanza, sino más bien en déficit.
El gobierno y la fracción
parlamentaria del FMLN, están tratando de conseguir una cantidad que aunque
menor, podría amortiguar el problema. Pero la verdad, es que por más que se
planteen cifras, estas no han podido ser contrastadas con los informes
financieros de la UES, porque los mismos (cuando los hay) no representan la
realidad y se contradicen. El Ministerio de Hacienda plantea que la UES no
finiquita su presupuesto, aun cuando éste proviene del dinero público.
Es oportuno
recordar, para quienes tratan de olvidarlo, que han sido los Diputados del FMLN
(especialmente los de la Comisión de Hacienda y Presupuesto), los que han
logrado, después de sortear a la oposición derechista, quienes han conseguido asistir
al problema presupuestario de la UES.
La UES debe volver
a ser la conciencia crítica del país, territorio de emancipación, en donde se
examinan y cohabitan todos los pensamientos científicos y políticos. Estos
aspectos influyen en el sistema político y en el propio Estado, sobretodo hoy
que las políticas progresistas y de izquierda, tratan de reconstruirlo después
de la debacle propiciada por la privatización desaforada, para convertirlo en
un Estado de iguales que deba repartir la riqueza producida por la nación.
Estas actitudes mezquinas y nebulosas en la forma de administrar la UES,
retardan y complican esta pretensión, por demás histórica.
Las relaciones
entre la UES y esta nueva proyección Estado deben ser de mutuo respeto (el
Gobierno ya no es el enemigo de la UES, como lo ha sido en el pasado reciente),
cada quien debe actuar dentro del campo de atribuciones que le corresponde. El
país pierde cuando se quiebran estas relaciones de respeto. La UES debe estar
comprometida con los problemas de la nación y deben auxiliar en su solución.
Las universidades
en el cumplimiento de sus funciones se encuentran con las siguientes limitaciones:
1. Realizar sus funciones bien y no las que no le corresponden;
2. Respetar el
orden del Estado, salvo que éste sea maneje de forma abusiva;
3. Actuar libre y
responsablemente, es decir, sin libertinaje ni anarquía, y
4. Los recursos
económicos de que disponga, deben ser suficientes para que pueda cumplir
adecuadamente con sus fines, a la vez que deben utilizarse con pulcritud y
transparencia, presentando al pueblo y a la comunidad universitaria las cuentas
claras.
La
transparencia es fundamental para poder discutir y avanzar en la reforma
universitaria.
Llevamos intentando desarrollar la reforma universitaria al
menos veinte años sin que los frutos hayan sido mayores, en buena medida porque
estamos discutiendo sobre un universo del que se conoce poco y digámoslo
también con claridad, del que desde las misma universidad se quiere conocer poco,
porque una reforma afecta intereses, toca privilegios y entre más profunda es
la reforma más profundos son los intereses y los privilegios que se verían
afectados.
Hay una misión
en traslucir la vida universitaria, que tiene como corolario el fortalecimiento
de las comunidades y los individuos que forman parte de la UES, en detrimento
de las burocracias y los distintos núcleos de poder formal e informal, es
decir, que grupos de profesores, autoridades y otros grupos de personas con
dudosa estatura moral, se han enquistado, que han sido parte de su crecimiento,
debilitando el poder de las entidades académicas y las instituciones gremiales
históricas construidas en la UES.
Es ya una
práctica “normal” que la planta académicas se refuerzan a partir de su propia
producción de egresados y de una manera clientelar, sin que medie la
meritocracia, no se ha construido un sistema como tal por la opacidad y por la
discrecionalidad en la manera de ingreso, permanencia y promoción en la carrera
académica, visto así, el peor enemigo de la universidad pública es el silencio,
como desde hace años venimos señalando, y el silencio hace que se vuelva
natural el statu quo y que no haya apremio para cambiarlo. Sabemos que
el conocimiento es poder, el conocimiento es subversivo y tenemos que conocer
que es lo que está pasando en las universidades para quienes las quieren
cambiar en detrimento de quienes se benefician del estado de cosas actual.
El país va en
un proceso de democratización y cambios, y hay una competencia abierta por
recursos escasos; la manera legítima en que la UES compita por recursos escasos
es saber su desempeño, no puede ser ya la decisión discrecional del funcionario
en turno, eso ya dejó de ser, tampoco está bien que la decisión surja sólo de
la Asamblea o de la defensa que hace el grupo parlamentario del FMLN.
Tiene que
haber criterios objetivos para saber qué se está priorizando, qué se está
reconociendo, y eventualmente qué conductas se están penalizando; es decir, los
recursos escasos siempre van a ser escasos y la competencia por esos, recursos
llegó para quedarse, nos conviene que esa competencia sea lo más transparente
posible y que quede en la menor medida en manos de la discrecionalidad.
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