Solución Radical a la Crisis de la UES

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Las negrillas, citas en sangrías y separación de algunos párrafos son nuestros para efectos de estudio.

¿UNA SOLUCION

RADICAL

A LA CRISIS DE LA UES?

El día cuatro de marzo recién pasado, un grupo de jóvenes se tomaron y cerraron las instalaciones de la Universidad de El Salvador (UES), reclamando se amplíe el cupo de ingreso, porque de

veintitrés mil bachilleres

que se sometieron a las pruebas de ingreso,

sólo fueron aceptados nueve mil quinientos.

Al día siguiente el Rector de la UES, Rufino Quesada, acudió a la Fiscalía General de la República a denunciar los actos realizados por los jóvenes, quienes dijo estaban armados y habían realizado privación de libertad de unos vigilantes,

por lo que pedía la intervención policial y la aplicación de la inconstitucional ley antiterrorista,

contra la cual el FDC ha presentado un recurso de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución desde hace años... El Fiscal General dijo que iba a proceder a la investigación y al análisis de la decisión de ordenar a la Policía Nacional Civil, su intervención. Los hechos y sus causas ameritan que todos las salvadoreñas y los salvadoreños, nos preocupemos porque se encuentre una solución adecuada a esta crisis, que la resuelva no que la posponga o incremente.

Esta crisis, recurrente cada año en la UES, demuestra en primer lugar

la incapacidad institucional para resolver problemas sociales fundamentales;

en este caso se trata de un problema tradicional en materia de educación superior,

incapacidad que proviene no sólo de las autoridades de gobierno sino de la propia institución universitaria

y de la sociedad en general. Revela que persiste la actitud de pretender resolver los problemas por vía de la violencia o de la protesta que afecta a todos, no solo a los directamente involucrados. En tercer lugar, lo más importante, presenta la oportunidad de comenzar a afrontar estos problemas fundamentales desde una visión radical, en el sentido de ir a sus raíces para encontrarles una apropiada solución. Debe comenzarse por revisar el proceso de ingreso, como se fijan y cobran las cuotas de estudio y en fin, de cumplir con lo que manda la Constitución de la República.

La toma de la UES expresa un conflicto de intereses y de actitudes, que todos debemos encarar con la debida responsabilidad, no estrictamente a partir del imperio de la cuestionada legalidad, sino reconociendo sus causas reales y utilizando las herramientas adecuadas para atacarlas.

La denuncia del Rector a la Fiscalía General de la República y su persistente llamado al uso de la fuerza, es un camino que no ha funcionado ni va a funcionar, en absoluto, para resolver problemas sociales de este nivel.

A la base de esta crisis está el incumplimiento de las normas constitucionales que se refieren a los derechos sociales y específicamente a la educación superior, así como la apatía de sectores importantes de nuestra sociedad ante la crisis ancestral de la educación en general, así como el desnivel económico existente en nuestra sociedad. Hay que reconocer que

los bachilleres de las instituciones públicas no gozan de un nivel educativo que garantice su ingreso universitario pues, tanto la educación primaria como la secundaria pública, adolecen de grandes deficiencia que no se han podido o no se han querido resolver.

No se trata de condonar las acciones realizadas por los jóvenes que no sólo pueden dañarlos a ellos sino a mas de cincuenta mil estudiantes actuales y a muchos trabajadores docentes y administrativos de la UES; de señalar solamente la incapacidad institucional para responder a la demanda de educación; realmente lo realizado por los estudiante, que no es la primera vez que sucede, constituye actos contrarios a la legalidad, pero nunca ha sido la fuerza pública - mucho menos la Fiscalía General de la República -, la que va a resolver la crisis,

especialmente esta última que tan incapaz ha sido para responder al crimen organizado y a la delincuencia común,

mucho menos podrá con estos actos que lindan en su tipología con el concepto de

delito político.

No está ahí la solución a este tipo de problemas; quienes así lo creen o piden,

demuestran su ignorancia o doble moral,

pues se trata de un problema socio económico que la débil institucionalidad gubernamental y la mera legalidad, son incapaces de resolver.

La Constitución de la Republica

obliga al gobierno a asignar anualmente en el presupuesto del Estado,

las partidas, los fondos, suficientes para el sostenimiento de la UES, así como el necesario para que ella asegure y acreciente su patrimonio, para ampliar sus servicios en las áreas profesionales, científicas y técnicas, y en todos los departamentos del país. Así lo manda el Art. 66 y en esta norma, en su cumplimiento, está la respuesta definitiva de este problema. Se supone que, por una parte, el gobierno asigne los recursos adecuados para satisfacer la demanda de estudios superiores, y por otra parte que las autoridades de la Universidad administren el patrimonio y lo incrementen en forma debida y adecuada, lo que nunca ha sucedido. Todo para cumplir con lo que manda el Art. 53 de la Constitución que establece

el derecho a la educación y a la cultura, como inherente a la persona humana, y determina que es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión, además esta norma obliga a que el Estado promueva la investigación y el quehacer científico, lo que no puede hacerse sin los suficientes fondos y su apropiada administración.

Nuestra propuesta para resolver este problema y erradicar los actos de protesta, es establecer y profundizar el dialogo, entre los funcionarios gubernamentales y universitarios, entre ellos y la sociedad civil especialmente con los jóvenes directamente afectados, pero todos debemos contribuir para resolver esta crisis.

El presidente Mauricio Funes debe hacerlo, así como, también el Ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén; el soporte de la Asamblea Legislativa es necesario para dar más fondos a la UES; debe exigirse a las autoridades universitarias que realicen una sana administración de los fondos que el gobierno le da y que rindan cuentas,

de tal manera que se asegure y acreciente el patrimonio de la UES, como manda la Constitución, para dar acceso a esa enorme cantidad de bachilleres cuya familias no tienen los recursos necesarios para pagar las caras universidades privadas. Llamamos a las autoridades universitarias, a la Asamblea General Universitaria y al Consejo Superior de la UES, a los estudiantes, a los jóvenes, a deponer toda actitud violenta y a cooperar, con una actitud racional, para que a partir de la realidad se logre resolver definitivamente este problema que tiene hondas raíces económicas, políticas y sociales.

San Salvador, 9 de marzo de 2010

EL CAMINO HACIA LA PAZ ES LA JUSTICIA

MIEMBROS DEL FORO PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

1. SINDICATO DE MÉDICOS TRABAJADORES DEL ISSS (SIMETRISSS)
2. FUNDACIÓN “JOSÉ MARIA MENDEZ”, PARA LA JUSTICIA y LA CULTURA (EF)
3. IGLESIA LUTERANA SALVADOREÑA
4. CONCEJO COORDINADOR NACIONAL INDÍGENA SALVADOREÑO (CCNIS)
5. CONCEJO NACIONAL DE EMPRESARIOS SALVADOREÑOS (CONAES)
6. ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES (AGEPYM)
7. ASOCIACION DE ABOGADOS PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCION (ADC)
8. ASOC. DE COMUNIDADES CAMPESINAS ANGEL MARIA (ACCAM)
9. RED DE CONSUMIDORES EN ACCIÓN ILOPANGO (RCAI)
10. FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE COOPERATIVAS DE REFORMA AGRARIA (FESACORA)
11. ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS JUDICIALES SALVADOREÑOS (ANEJUS)
12. ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL(ANPISSS)
13. INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE EL SALVADOR (IEJES)
14. ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AFECTADAS POR EL ANILLO PERIFÉRICO (ACAP)
15. UNIDAD ECOLÓGICA SALVADOREÑA (UNES)
16. UNIÓN COMUNAL SALVADOREÑA (UCS)
17. SINDICATO GENERAL DE SALUD (SIGESAL
18. CENTRO CIVICO DEMOCRATICO (CDC)
19. FUNDACIÓN DE ESTUDIOS POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES (FEPES)
20. FUNDACIÓN PARA LA ACCION SOCIAL Y LA DEMOCRACIA
21. MOVIMIENTO SOLIDARIO POR UNA VIVIENDA DIGNA PARA EL SALVADOR (MSVD).
22. ASOCIACION DE COMUNIDADES AMBIENTALISTAS DE EL SALVADOR (ACAES)
23. MOVIMIENTO PAIS SALUDABLE (MPS)
24. COORDINADORA NACIONAL DE PENSIONES (CNP)
25. ASOCIACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES SALVADOREÑOS (APROCSAL)
26. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS (APA)
27. IGLESIA EPISCOPAL ANGLICANA DE EL SALVADOR
28. MOVIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR UNIFICADO (MAPU)
29. ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS PÚBLICAS
30. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
31. SINDICATO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL AZUCAR (SINA)
32. COORDINADORA NACIONAL DE AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES (CNADN)
33. COMUNIDAD “LA CUCHILLA” DE ANTIGUO CUSCATLÁN
34. MOVIMIENTO DESPERTAR CIUDADANO
35. MOVIMIENTO HUMANISTA (MH)
36. ASOCIACIÓN DE JUECES Y EMPLEADOS DEL ORGANO JUDICIAL (AJEOJ)
37. ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE TRABAJADORES MUNICIPALES (ASTRAM)
38. FORO DE CONCERTACION EMPRESARIAL (FOCEM)
39. ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA (ASESUES)
40. COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS (COLPROCE)
41. PERIÓDICO “EL INDEPENDIENTE”
42. COMITÉ INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA (COMICONTEM)
43. ABOGADOS JOVENES POR EL CAMBIO
44. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL (IDICPRA)
45. ASOCIACION SALVADOREÑA DE SOCIOLOGÍA (ASS)
46. COMUNICADORES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (C4).
47. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ (PRODEPAZ)
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