domingo, 30 de marzo de 2008

Privatización de la Educación Superior y BID

Un estudio que nos hace recordar argumentos del peligro de privatización que se cierne sobre la UES, de considerar y reconsiderar el préstamo del BID por la vía de compromisos directos e indirectos de la UES, en lo académico y administrativo, es el siguiente:

http://www.monografias.com/trabajos33/analisis-privatizacion/analisis-privatizacion.shtml

Julio César Grande

El autor es Licenciado en Periodismo de la UES, Profesor Normalista de Educación Media, Trabajador Social y Master en Comunicación Social, por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Actualmente estudia el Postgrado Internacional en Comunicación y Desarrollo, que imparte la Universidad de Sevilla. Asimismo es autor de 5 libros sobre comunicación y cultura, entre otros trabajos de investigación. En la actualidad, 2008, es Secretario de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador.

La Lógica de la Privatización como Nueva Modalidad en la Educación Superior Salvadoreña

¿Qué es la privatización y su lógica?
La problemática de las cuotas y aranceles
Estrategias y discurso con relación a los aranceles
El lento, sostenido y programado deterioro de la Universidad Nacional
Transformaciones en la estructura productiva nacional y consecuencias sobre la Universidad
Los intereses concretos detrás de la lógica de la privatización
Crítica a los argumentos en favor del aumento de las cuotas y aranceles
Críticas al diagnóstico de la" eterna" escasez presupuestaria
¿Realmente existe un problema de inequidad?
Ineficiencia y falta de calidad académica
Críticas generales a la propuesta de la lógica de la privatización en el ámbito nacional
A manera de conclusión momentánea para continuar el debate responsable
Referencias
Aclaración necesaria

Ante una problemática de trascendencia nacional se impone el diálogo franco, el análisis responsable y con criterios académicos. Esta es la intención de este documento y la idea es aportar al debate sobre las consecuencias, positivas o negativas, de la probable implementación del Proyecto UES-BID (2005) así como la firma de las cláusulas del convenio de préstamo anunciado. Sabemos de antemano que muchos estarán de acuerdo con lo aquí expuesto, pero también habrán quienes no, por una u otra razón. Esperamos que aquellos que no coincidan con este planteamiento, traten de rebatir las ideas con altura académica , datos confiables y serios, pues sólo así entraremos en la dinámica del debate de altura para que, a la larga, construyamos juntos un mejor país a través de la educación con equidad, libertad y justicia.

1. ¿Qué es la privatización y su lógica?

Nadie lo puede negar. La privatización de la educación superior forma parte de la agenda neoliberal a escala mundial desde hace más de 25 años, impulsada por los organismos financieros multilaterales, fundamentalmente el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el caso de nuestra región.

Para contextualizar, en torno al tema de la educación superior que nos interesa, uno de los documentos que expone la posición del BID sobre esta materia, lleva el título de "Estrategia de Educación Superior", publicado a principios de 1997. El documento describe el criterio con que el BID considera la educación superior en América Latina y el Caribe, y propone estrategias para la acción que el propio Banco podría realizar ( con apoyo financiero y técnico) frente a los resultados logrados hasta la fecha y en torno a las reformas que recomienda.

En la última sección del documento referido, se abordan los aspectos de las reformas que podrían ser objeto de asistencia directa por parte del Banco; entre otras, impulso a la enseñanza superior tecnológica, proyectos de mejoramiento cualitativo; apoyo a las instituciones que desarrollan investigación fundamental e investigación aplicada y un claro e inequívoco apoyo al sector privado de educación superior.

Sin embargo, aunque se matizan los términos del discurso en los distintos documentos, para no generar reacciones, lo cierto es que, como norma general, las políticas para la educación superior, desde la visión neoliberal de los organismos financieros multilaterales parten de esta argumentación:

El Estado sólo debe proporcionar recursos globales, razonables, en función de indicadores de eficiencia y marcos generales de orientación, bajo el principio general de que el creador del gasto debe ser el financiador del mismo.

Con lo anterior se pretende, en el caso de la educación universitaria y tecnológica superior, crear, como finalidad última, una estructura condicionada a las leyes de la oferta y la demanda, cuyas premisas fundamentales están asentadas en los criterios de rentabilidad, eficiencia y productividad.

En el caso que nos ocupa aclaramos que, aunque en general el término privatización alude normalmente a la venta o concesión de la propiedad del Estado al sector privado, en el presente estudio concebimos la "nueva modalidad" de privatización que podría implementarse en la Universidad de El Salvador (UES), como un fenómeno de mayor amplitud y complejidad, que puede incluso hasta pasar desapercibido; es decir cuando se aplica lo que aquí denominaremos la "Lógica de la privatización" (Coraggio y Vispo ,2001), sin llegar a las modalidades que normalmente se consideran como privatización.

Dicha lógica la entendemos como:

El proceso mediante el cual se introduce en el campo de la educación pública universitaria y no universitaria la lógica del lucro, propia de un mercado poco regulado, no afectando con ello su forma legal de propiedad estatal (protegida por la Constitución en el articulo 61 en el caso de la UES), pero si su forma de provisión, servicios que presta o recibe, funcionamiento y las modalidades de financiamiento, prevaleciendo, entre otras, el autofinanciamiento (a través de aranceles y cuotas ), sin importar a quienes o a cuantos se afecte. Dicha lógica supone, asimismo, toda una mentalidad y un estilo de conducción y organización propia de una empresa privada, donde el rendimiento individual es medido productivamente a partir de estándares de calidad fijados por el mercado y al servicio del mercado.

A partir de múltiples experiencias a escala mundial, actualmente las formas de avance subrepticio de la privatización de la educación pública superior son múltiples, involucrando, entre otras, la implantación de nuevos aranceles o aumentado su costo, ajustes presupuestarios, criterios de competencia y modernización, recepción de fondos privados , cambios curriculares y formas diferentes de administración , que promueven una formación afín a las necesidades inmediatas del tipo de mercado que promueve el neoliberalismo ortodoxo implantado en el país desde hace unos 16 años.

En concreto, partimos de la idea central de que realmente no se pretende "vender la UES" como pregonan algunos en términos de propaganda o como creen otros que no han analizado críticamente la problemática. Se trata básicamente de implementar un "nuevo modelo" de conducción, una forma diferente de administración y, fundamentalmente de autogestión financiera. Con otras palabras, de acuerdo al discurso privatizador, de lo que se trata es de construir una institución supuestamente moderna, eficiente, de calidad, eso sí, orientada al mercado y al modelo económico neoliberal que claramente han impuesto en el país las instituciones financieras internacionales, entre ellas el BID.

2. La problemática de las cuotas y aranceles

En El Salvador, desde que conocidas empresas públicas fueron privatizadas en la década de los noventa del Siglo XX, como fue el caso de ANTEL o las de energía eléctrica, entre otras, para ciertos sectores nunca ha habido "aumento" de tarifas por los servicios. Eufemísticamente, para disfrazar el discurso tecnocrático, se utilizan otras palabras más atractivas. Se prefieren expresiones como: "actualización de tarifas", "readecuación de tarifas" e incluso se habla de "revisión de tarifas para operar con los costos reales…" Coincidencia o no, en la UES se habla actualmente de "aplicar las cuotas diferenciadas ya establecidas al menos hasta el costo. "

Para realizar este análisis partimos de lo planteado en los siete estudios técnicos del programa "Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador" (ES-TO15) de la cooperación técnica no reembolsable del BID (ATN / SF-8858-ES). En el documento "Evaluación de las opciones jurídicas de la Universidad de El Salvador", con fecha del 15 de abril de 2005, elaborado por el consultor Francisco Díaz, este recomienda, entre otros aspectos:

"Con relación a las tasas y aranceles que aplica actualmente la UES… se recomienda su elevación al menos hasta su valor de costo…"

"Puede autorizarse el cobro de aranceles para los servicios en beneficio de usuarios externos que presta la UES a través de Proyección Social con estudiantes en servicio social..."

"En cuanto a la matricula, puede sugerirse lo mismo que para los aranceles: elevarla al menos a su costo real."

Un porcentaje relevante de estudiantes tienen capacidad de pago mayor que el limite de diez salarios mínimos urbano… es necesario revisar ese limite en base a un criterio de equidad…"

Ahora bien, para los fines de esta investigación y con base a una elaboración propia, entendemos por aranceles, en sentido general:

"Como las tarifas oficiales (se pueden denominar cuotas) clasificadas de acuerdo a criterios y características técnicas de un servicio que se comercializa o vende según ciertas especificidades (carrera y grado profesional otorgado) y atendiendo los niveles de complejidad, oferta y demanda en el mercado profesional, bienes, locales, servicios e instrumental tecnológico requerido para alcanzar un titulo, con el fin de recaudar ingresos para la institución. Incluye, por lo mismo, las tarifas o cuotas que se cobran por los servicios que la institución presta o vende a entes externos" (J.C. Grande, 2006).

Con otras palabras, a partir de los aranceles, es la realización de los estudios y el grado que se obtenga el que se grava, en gran medida, como un impuesto más, utilizando para ello una cuota que establece los límites cuantitativos diferenciados.

Por lo tanto, el concepto de aranceles no lo tomamos como se conoce tradicionalmente en las ciencias económicas y administrativas, en el sentido de referirse a la tarifa de impuestos de importación y exportación que perciben las aduanas u otras dependencias gubernamentales. Es más, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2004), define el término arancel como "la tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos…"

Está demostrado. Todo arancel en la educación superior es un paso importante en cualquier proceso y modelo de privatización aquí y en cualquier parte del mundo, capaz de transformar de un golpe la naturaleza misma de la educación pública superior, ya que de esta forma se concreta la introducción de la lógica de la privatización dentro del mercado de la enseñanza.

Como ya es conocido en otros países, para lograr la modificación o introducción de los nuevos aranceles los organismos internacionales (BM, BID, FMI, etc.) normalmente se encargan del financiamiento y de la provisión de toda una serie de documentos y publicaciones ( es el caso de los siete estudios técnicos)que hacen el papel de fundamento "teórico-técnico " de estas políticas.

Comúnmente se conocen como Consultorías y tienden a ser tomadas como los documentos técnicos más confiables e importantes, a tal grado que se presentan como incuestionables, aún cuando tengan errores en el análisis e incluso en los datos que se aportan en las investigaciones de campo, testimoniales o documentales.

Una aclaración es necesaria antes de entrar de lleno al análisis de este apartado:

En principio no nos oponemos a un préstamo del BID para una auténtica inversión educativa que realmente aporte al desarrollo institucional; es más, dadas las condiciones actuales del país, en lo referente a los críticos recursos financieros del Estado, probablemente puede ser hasta necesario .En lo que no estamos de acuerdo es en las probables condiciones (¿recomendaciones?) ya que, para nadie es un secreto que los organismos financieros internacionales no son, ni por cerca, instituciones filantrópicas, de caridad o de beneficencia. Todo el mundo sabe que dichas instituciones siempre ponen condiciones para otorgar préstamos o para dar ayudas no reembolsables.

Son, por esencia, las instituciones que defienden los grandes intereses de las potencias hegemónicas y para ello basta analizar la procedencia de los fondos, la estructura de su directorio y, desde luego, los resultados que se han obtenido en el ámbito social hasta el momento, en casi todos los países subdesarrollados.

Es más, está demostrado que son altamente responsables del deterioro socioeconómico de los países debido a las fallidas "recomendaciones" para implementar el ajuste estructural y el neoliberalismo, a los altos costos que implica el pago del servicio de la deuda externa, que en el caso de nuestro país ascendía de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva sólo hasta el año 2004, a 8,869.9 millones de dólares de saldo bruto, lo cual representaba el 47 % del PIB.

Asimismo, lejos de ir encontrando una solución, la cuestión tiende a agravarse para el año 2006, ya que la deuda pública, en virtud de un presupuesto desfinanciado, se ha incrementado en 779 millones de dólares y el déficit provisional aumentará en un 2.1 del PIB. Eso implica que sólo en concepto de pago de deuda, el Estado salvadoreño destinará 1,180 millones de dólares, que bien pudieran ser utilizados en inversión social.

Lo siguiente también debe quedar claro, nuestra discrepancia con la propuesta de implementar la lógica de la privatización y el aumento de los aranceles y cuotas no implica una defensa acrítica de la UES, de un importante porcentaje de su personal (docente, administrativo, de servicios y autoridades) y de su forma de financiamiento y, para lo cual, ciertamente es necesario y urgente realizar una evaluación objetiva, que sea de consenso, integral y, ante todo profesional y no coercitiva, de cara a subsanar las deficiencias de forma y fondo del proceso formativo, educativo y de la ética.

Al contrario, entendemos que la Universidad de El Salvador se encuentra sumergida en una evidente crisis académica, administrativa, política y financiera producto de décadas de agravios externos y saqueos como resultado de las conocidas intervenciones militares y el precario e insuficiente presupuesto que viene asignando el Estado año tras año y el cual apenas llega al 1.17 %, hasta el 2005, con respecto al presupuesto total del país.

Sin embargo, y esto hay que decirlo sin ambigüedades, si evidentemente hay una crisis, el principal responsable es el Estado salvadoreño, no sólo por no cumplir el claro mandato constitucional, sino por actuar deliberadamente para llevar a una crisis a la institución, para justificar precisamente con ello la implantación de la lógica de la privatización.

Entonces, para hacer frente a las amenazas externas e internas, desde nuestra perspectiva, la Universidad merece y exige ser transformada y, ante todo, reconstruida académicamente, para volver a encarnar plenamente su necesaria función social y la creación y difusión de conocimiento crítico al servicio de la sociedad. Esta reconstrucción debe surgir, ante todo, de la edificación de la democracia participativa y del debate pluralista, serio, académico y crítico al interior de la Alma Mater. Más sin embargo, es precisamente el avance de la lógica de la privatización, y en particular de los probables nuevos aranceles y cuotas, lo que no favorece, sino que directamente atentan contra este proceso de reconstrucción.

3. Estrategias y discurso con relación a los aranceles

La estrategia discursiva adoptada por los sectores que pretenden introducir la lógica de la privatización en la Universidad Nacional tiene una estructura sencilla, encaminada tanto a conquistar la opinión pública como a brindar argumentos a los políticos e intelectuales dentro y fuera de la universidad, cuya virtud pasa más por ser atractivo para el sentido común que por su rigurosidad y carácter académico.

La trama estructural de esta estrategia discursiva puede sintetizarse así:

En primer lugar, valiéndose del discurso en apariencia y científicamente neutro, apolítico, en fin "técnico", que distingue a la corriente económica neoclásica, se postulan ciertos principios abstractos que deberían determinar tanto el contenido como la forma de la educación superior salvadoreña, particularmente la impartida en la UES.

En segundo lugar, se efectúa un diagnóstico de la situación institucional y nacional en que actualmente se encuentra el sistema, señalando cómo todo y cada uno de esos deseables principios se ven vulnerados.

En tercer lugar, se genera un listado de recomendaciones ineludibles de reformas inmediatas, con el objeto de que la universidad actual se dirija hacia un nuevo sistema de educación superior acorde con esos principios, presentándolos como fundamentales para "adaptarse a los nuevos tiempos y a la globalización "(Mollis, 2001).

3.1 Los principios neoclásicos (¿neoliberales?)

Los sectores internos y externos alentados y apoyados por los organismos financieros multilaterales, en nuestro caso el BID, que buscan avanzar hacia la nueva lógica sostienen que el sistema de educación superior debe estar regido ante todo por los principios de equidad y eficiencia, tal como claramente también lo sostiene el Banco Mundial (2001). Las definiciones de estos principios están tomadas del cuerpo doctrinario de la economía neoclásica y basta remitirse a los textos de Milton y Rose Friedman, planteadas en el libro "Libertad de Elegir. Hacia un Nuevo Liberalismo Económico", desde 1980, entre otro documentos.

Es bien conocido que la metodología del análisis neoclásico consiste en tomar al individuo que decide acerca de su propia educación como unidad inicial del razonamiento. Este punto de partida se sustenta sobre la tesis de que los beneficios de la educación superior son apropiados individualmente a través de la denominada "renta educativa", es decir, los mayores ingresos que trae consigo la educación superior en el futuro debido a la mayor calificación y productividad de la fuerza de trabajo con formación universitaria. Esta teoría sostiene que los beneficios sociales que pudieran existir son menos relevantes que los individuales y que van en el mismo sentido que los beneficios privados, con lo cual puede hacerse abstracción de ellos para simplificar el estudio.

De acuerdo con lo anterior, el individuo queda entonces en el centro del análisis. Este individuo, como todos, se comporta de tal manera que busca maximizar su satisfacción (utilidad) a través del tiempo, y con este objetivo en mente toma la decisión acerca de iniciar, o no, una carrera universitaria. El móvil que lo lleva a estudiar son los ingresos adicionales que espera obtener una vez terminados sus estudios, los que compara con los gastos en los cuales debe incurrir durante ellos, incluido el costo de oportunidad de no generar ingresos por ese lapso (Bour, 1993).

Por lo tanto, el estudiante es entendido como un agente económico que se relaciona con la universidad como cliente-consumidor. La universidad, por su parte, es concebida como una empresa productiva (cuya función es vender servicios) dedicada a producir un insumo de uso difundido: los graduados o profesionales.

Según la teoría neoclásica, la interacción mediante el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado de unos (estudiantes = clientes) y otros (universidad), es la única forma de alcanzar simultáneamente los tres principios neoclásicos. Este mecanismo asegura que se producirán cantidad y calidad de profesionales adecuadas, en función de la demanda que de este insumo realicen el resto de las unidades productivas de la sociedad; lo que garantiza una asignación eficiente de los recursos. A la vez, debido a que quienes se apropian de la "renta educativa" pagan un arancel o cuota a cambio de los servicios educativos que reciben, la equidad está asegurada.

Estos resultados se obtienen sólo bajo los supuestos de que existe libre competencia entre universidades que funcionan con una misma lógica, atomización de oferta y demanda, libre movilidad de recursos e información completa y perfecta; es decir, en un contexto en el cual hay plena libertad de elección. De esta forma, esta teoría trata de demostrar, mediante análisis matemáticos, que el mercado competitivo descrito es lo mejor para cualquier país y, por lo mismo, bueno para El Salvador (Bour, 1993).

3.2 El diagnóstico del sistema público salvadoreño

Partiendo de la anterior perspectiva teórica, el discurso de la nueva lógica privatizadora realiza luego un diagnóstico de la situación actual del sistema universitario público, evaluando en particular el grado en que se vulneran o respetan los tres principios neoclásicos.

En primer lugar, basándose en la tesis de que los beneficios de la educación superior son apropiados individualmente a través de la "renta educativa", y teniendo en cuenta que en su mayoría los que acceden a la universidad son individuos provenientes de los estratos medios o altos de la sociedad, al menos en otros países, se concluye que estos sectores se ven individualmente beneficiados por la gratuidad de la enseñanza universitaria.

La injusticia desde el punto de vista de la equidad es palpable: mientras que los pobres aportan mediante sus impuestos al sostenimiento de toda la estructura del Estado, éste utiliza esos recursos para beneficiar a los estratos medios y altos. Por ello, desde la perspectiva de este análisis la educación pública universitaria se convierte en una forma de transferencia de ingresos desde los sectores más pobres hacia los estratos medios y altos.

En tal sentido, la educación superior gratuita es regresiva.

Pero la única universidad pública del país no sólo es inequitativa, sino que además es ineficiente, según quienes desean implantar una lógica de la privatización. En cierta forma se realiza un paralelismo entre las empresas públicas y la educación pública, sosteniendo que ambas son por naturaleza ineficientes. La eficiencia de las instituciones educativas se mide a través de la relación entre cantidad de insumo utilizado y cantidad de producto obtenido, es decir por el costo unitario del producto. Entonces, el insumo de la universidad son sus estudiantes y el producto sus graduados (Winkler, 1990).

El indicador predilecto para evaluar la eficiencia es justamente el cociente entre la cantidad de graduados y la matrícula total. A escala latinoamericana, este indicador presenta en general valores relativamente bajos en las universidades públicas y considerablemente más altos en las universidades privadas. Sin embargo, como contraste, en lo que respecta a la UES, más de la mitad de estudiantes de nuevo ingreso se gradúa eventualmente, ya que en otros países se estima que el porcentaje de graduación es del orden del 20% (BID-UES, 2005).

En segundo lugar,otro indicador que se utiliza frecuentemente es el de gasto por graduado. El hecho de que sus valores sean para algunas universidades públicas mayores que los coeficientes obtenidos en las universidades privadas, se interpreta una vez más como evidencia de la ineficiencia del Estado. En el caso de la UES, el costo por graduado sería en promedio de 9,028.00 dólares, lo cual ciertamente no resulta elevado, si se toma en cuenta la deserción equivalente en costos por la prolongación de 1.22 años , de acuerdo con la consultoría de Miguel Ernesto Vijil Icaza (BID-UES, 2005).

El tercer argumento del discurso de los adeptos a la lógica privatizadora consiste en postular la escasez, según ellos comprensivamente, del presupuesto para destinar a la educación superior. Simplemente no hay más dinero, pues el gobierno con "sentido humano" "hace lo que puede". Algunas versiones plantean una especie de opción dicotómica: destinar el escaso presupuesto del Estado a financiar la UES implica necesariamente descuidar gastos sociales más urgentes y prioritarios entre los que se encuentran la salud, la seguridad pública y, particularmente, la educación básica. De la educación básica se argumenta que es socialmente más rentable y esto se ha tomado como un dogma que, sin embargo, podría ser objeto de análisis en otra investigación.

Este axioma casi incuestionable de la eterna escasez de presupuesto se basa sobre una máxima del pensamiento neoliberal: la eliminación del déficit fiscal por medio de la reducción del gasto del Estado. Este último argumento fue y es impulsado claramente en el caso de la UES, ante todo en los tres anteriores gobiernos de ARENA, pues el actual obviamente juega con más inteligencia y, por lo mismo, los propósitos "sanos" parecen ser lo más conveniente socialmente y, además, electoralmente.

A través de las ideas anteriores se concluye que el sistema de educación superior salvadoreño, a no ser que implemente la lógica de la privatización, violaría los tres principios neoclásicos. Esta vulneración obviamente es atribuida al carácter público, gratuito y masivo de la universidad, aunque se diga lo contrario. Más aún, este carácter también se identifica como el responsable de la crisis de calidad por la que atraviesa.

Se cataloga a este modelo de universidad como necesariamente ineficiente en términos económicos, socialmente inequitativo y de mala calidad académica, por naturaleza. Es por eso que, para asegurar los principios expuestos y, si lo que se pretende es contribuir al bienestar general y al progreso económico nacional, la UES debe funcionar con una lógica de empresa privada. Supuestamente así será eficaz, de calidad, equitativa y productiva.

Pareciera que no importara que en el informe de "Análisis económico de ingresos y costos de la UES" elaborado por el consultor Miguel Ernesto Vijil Icaza, en el marco del proyecto BID-UES (2005), este determinara en sus hallazgos y conclusiones que, en lo referido al nivel socioeconómico de los estudiantes, un 30 % se ubican en la clase media baja, el 55 % son pobres y muy pobres y sólo un 15 % pertenecen al sector acomodado, sin especificar que puede entenderse por este último término.

Aún así, en el mismo informe el Consultor recomienda claramente aplicar lo que establece la Ley Orgánica de la UES con relación a la cuota diferenciada, es decir, habrá que aumentarlas para contribuir así a incrementar los ingresos en vista de la insuficiencia de las transferencias del Gobierno central que ha enfocado su accionar, fundamentalmente con criterios políticos, a aliviar a los sectores sociales más desprotegidos del sistema neoliberal, sin explicar, desde luego, que ellos son el resultado del modelo implementado por exigencia, entre otras , de las instituciones financieras multilaterales como el BID.

3.3 La propuesta de reforma (en el caso de la UES se denomina fortalecimiento)

Esta historia se ha repetido en todo el mundo. Una vez presentado el diagnóstico elaborado por los consultores (los siete estudios técnicos), se procede a proponer un nuevo modelo y reestructuración de la universidad acorde con los principios sostenidos y los datos que brindan las investigaciones patrocinadas por el BID. No es fácil aquí sintetizar las distintas propuestas y recomendaciones, ante todo por espacio. Sin embargo pueden identificarse ciertos rasgos comunes.

Como ya hemos esbozado, la teoría neoclásica demuestra en sus términos que la solución óptima es la privatización total o la concesión en caso de no haber resistencia estudiantil fundamentalmente. Esto fue lo que se hizo con los nueve institutos tecnológicos superiores del país, los cuales fueron concesionados a FEPADE o ÁGAPE, en años recientes.

La idea básica es crear un mercado en que los oferentes (universidades, institutos especializados o tecnológicos) compitan libremente para atraer a los demandantes (estudiantes). En cuanto a la elección de los estudiantes, la mejor manera de asignar sus fondos es descentralizadamente, por medio de sus decisiones individuales e independientes de cualquier injerencia distorcionadora del Estado.

Para ello es indispensable que el producto ofrecido tenga precio. Este último, cuando se trata de los estudios universitarios, recibe el nombre de arancel como ya lo hemos explicado. Por tanto, es recomendable renunciar a la gratuidad de la enseñanza para sostener la equidad: es decir, deben pagar un arancel todos aquellos que asisten a la universidad, que son quienes consiguen acceder mediante los estudios a un nivel de vida futuro más elevado (Winkler, 1990) o para ser exitosos, tal como lo pregona publicitariamente una Universidad privada de San Salvador, a través de los medios de comunicación.

En el caso de la UES, el mercado creado aseguraría la eficiencia, la calidad y la libertad de elección, así como el crecimiento de los recursos disponibles paral la educación superior. Una vez establecido el nuevo arancel o cuota, y para garantizar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes, se propone establecer o ampliar un sistema de becas remuneradas para los menos favorecidos, pero con la condición de que estos "… muestren buen rendimiento académico y que observen una conducta correcta…" (BID-UES, 2005). Obviamente los fondos para aumentar el número de becarios pasa por incrementar los ingresos y ello sólo es posible si se aplica el Reglamento Especial del Sistema de Cuotas Diferenciadas de Escolaridad. Esa es, con otras palabras, la recomendación (¿exigencia?) del BID, entre otras.

Sin embargo, en el caso del diagnostico sobre el sistema de becas estudiantiles de la UES elaborado por el consultor Vigil Icaza del proyecto BID-UES (2005), se recomienda "estudiar la conveniencia de entregar las ayudas en forma de bonos de alimentación, atención medica, etc. en ves de efectivo, con el objeto de contribuir a que se destinen exclusivamente a las finalidades académicas para las que se otorgan".

A manera de ilustración, hemos de aclarar que en algunas versiones ya practicadas en otros países, las becas son reemplazadas por créditos a bajas tasas de interés que deben ser reintegrados por los estudiantes una vez graduados. De hecho en la década de los 70 del Siglo XX en El Salvador funcionó un sistema similar denominado "EDUCREDITO".

Por otro lado, está claro que la intervención del Estado no desaparece en la propuesta neoclásica, sino que se reduce a la aplicación de instrumentos no distorsionantes; es decir, que no incidan en el mecanismo de asignación automático del mercado. El papel que se reserva para el Estado es el de aportar fondos para las becas o subsidiar la tasa de interés de los créditos que en todo caso involucraría a la banca comercial, tal como se hace en el Instituto Tecnológico Americano de Educación Superior (ITAE)

Según otras formulaciones el Estado contribuye directamente al financiamiento de las universidades (complementando los ingresos por aranceles), sobre la base de indicadores de eficiencia, incentivando aún más una "sana competencia" que se traducirá en mayor calidad en la prestación del servicio educativo.

El punto central, en todo caso, es jugar con el concepto de calidad, para premiar y castigar financieramente, ignorando que dicho término es construido históricamente, que responde a intereses concretos y que, por lo mismo, para mostrar la supuesta calidad que exige el sistema precisamente hay que hacer y enseñar lo que al sistema le conviene y le gusta.

4. El lento, sostenido y programado deterioro de la Universidad Nacional

En el plano argumentativo, o sea el del discurso, el elemento fundamental de la estrategia para implementar la lógica privatizadora ha sido acentuar la crisis de la UES para crear las condiciones para su privatización total y como fin último, al igual que se hizo antes con ANTEL, las distribuidoras de energía eléctrica y otras instituciones públicas, incluyendo la concesión a FEPADE o ÁGAPE de los institutos tecnológicos como el ITCA que a manera de ejemplo, cobra desde que se dio en concesión, $ 5.71 en concepto de mora por cuota mensual pagada extemporáneamente.

La falta de presupuesto para hacer frente al aumento de la matrícula, para la incorporación de innovaciones pedagógicas y tecnológicas, para mantener salarios docentes adecuados , administrativos y de servicios, realizar mejoras de infraestructura, etc. acabó por conformar un sistema en progresivo y franco deterioro institucional.

Esta situación genera un gran problema en el desarrollo institucional porque al contar con un techo presupuestario tan bajo se imposibilita la inversión en equipo, docentes a tiempo completos, infraestructura, laboratorios, etc. y esto limita la calidad académica.

A su vez esto redunda en una abundante y mediocre oferta de servicios, lo que hace más vulnerable a la cultura profesional del país (Samayoa, 1994).

Como lo hemos afirmado, a través de la degradación de la UES (vía presupuesto insuficiente, además de los ataques viscerales de algunos medios de comunicación como El Diario de Hoy) se crea el espacio para que se propaguen y legitimen, tanto desde fuera como desde dentro de la universidad, supuestas soluciones como la implantación de la lógica de la privatización en general y el arancel en particular, que en palabras de algunas autoridades no será un aumento de cuota, sino una "readecuación" como ya lo manda el Sistema de Cuotas Diferenciadas, aprobadas por el organismo legalmente constituido como es la AGU ,en el caso de las de aplicación general o los específicos de cada Facultad de acuerdo con el art. 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica.

Por otro lado, quienes defienden la genuina autonomía (docentes, trabajadores y estudiantes) ciertamente han estado a la defensiva y en otros casos simplemente inmovilizados. Se han limitado a atribuir el deterioro universitario al ahogo presupuestario gubernamental, negando con ello, la complicidad en el deterioro institucional, ya sea por conveniencia de grupos, incapacidad para analizar la situación e incluso para defender o apoyar instituciones políticas extra universitarias.

Sin embargo, y es justo reconocerlo, muchos de los problemas que actualmente tiene la universidad están relacionados con la calidad de la enseñanza, la orientación de los contenidos, la formación y forma de selección de los docentes, el desarrollo de la investigación humanística o aplicada y de programas de extensión, etc., que evidentemente trascienden la falta de presupuesto adecuado y oportuno.

Asimismo, dicho deterioro académico y administrativo, y en gran medida el de servicios, son creados y alentados por una política educativa inadecuada llevada adelante por algunas autoridades universitarias desde principios de los años 90, cuyas acciones, en mayor o menor medida fueron clientelistas, nepotistas, autoritarias e incluso corruptas que ciertamente no se apartan demasiado de lo observado en el ámbito nacional. Los gremios de trabajadores, docentes y las asociaciones estudiantiles (no todas) obviamente tienen también mucha responsabilidad, ya sea por omisión, incompetencia, acomodamiento, falta de criterios político-gremiales y hasta por complicidad.

Estos problemas, con mucha razón, son utilizados como argumento por aquellos que pretenden imponer la lógica de la privatización como solución mágica. El hecho de que los estudiantes tengan que recibir clases en condiciones inadecuadas , sucias y hasta inhóspitas, con un nivel académico en permanente deterioro, con pocos o nulos recursos pedagógicos y tecnológicos a la vez que, inocentemente, temerosos de que el título de las universidades privadas sea más valioso, hace aparecer a la búsqueda de mayores ingresos a través de otras formas de financiamiento -vinculadas claramente con expresiones de privatización- como la única opción para frenar el deterioro que atraviesa la universidad.

En suma, en momentos en que muchos estudiantes, docentes y buena parte de la sociedad han experimentado cierta preocupación, se difunde masivamente que la única solución consiste en aceptar ciertas formas veladas de privatización, principalmente en el arancel, las cuotas altas y la venta de servicios. Desde nuestra perspectiva, el deterioro de la UES tiene la marcada intencionalidad de imponer las condiciones para que la lógica de la privatización aparezca como la panacea. De hecho, así se ha entendido por parte de muchos docentes y estudiantes, aunque en el caso de los trabajadores administrativos y de servicios más parece obedecer a otras razones e intereses puramente gremiales, políticos y hasta personales.

En concreto, a través del deterioro inducido e implementado desde adentro tanto como desde afuera de la universidad, se puede cerrar una estrategia cuyo propósito es conducir inevitablemente a largo plazo a la privatización de la educación superior pública salvadoreña en su totalidad. Por eso, hoy la discusión crítica de los intereses y argumentos que se encierran tras el discurso privatizador se torna imprescindible, tal como lo aclaramos al principio, y esa es la única intención de este documento.

5. Transformaciones en la estructura productiva nacional y consecuencias sobre la Universidad

El proyecto BID-UES que apunta a transformar de plano la única universidad pública del país, expresa un movimiento más profundo que remite a las transformaciones recientes en la dinámica del desarrollo económico salvadoreño. Esto es así, porque las políticas implementadas y su profundización en la década de los '90, han modificado sustancialmente la estructura productiva, económica, cultural y social en la que se inserta la universidad actualmente.

Sintéticamente puede caracterízaselas como: reforma y achicamiento del Estado (incluidas las privatizaciones), apertura externa a través de los TLC, liberalización financiera, flexibilización laboral, dolarización, etc. Estas transformaciones trajeron consigo dos importantes consecuencias en lo que hace a las condiciones de vida de la sociedad, que se manifiestan en la creciente pauperización de grandes masas de la población:

Por un lado, se registró un crecimiento en las tasas de desempleo y subempleo, afectando a una proporción cada vez mayor de la población. El creciente sector informal de la economía es la prueba más palpable, pues sólo hasta el año 2003 ya ascendía al 36. 4 % de la PEA (o sea 1,272.524 personas) según la DIGESTYC (2005).

Por otra parte, tuvo lugar una progresiva fragmentación y diferenciación entre los trabajadores efectivamente ocupados.

Mientras una pequeña porción, fundamentalmente de las capas medias, aún conserva empleos de alta o mediana calificación y remuneración, la mayoría debió dedicarse a tareas que por su naturaleza requieren una formación cada vez menor (en las maquilas por ejemplo). Las condiciones de trabajo se deterioraron, la jornada laboral se alargó en la práctica (muchas veces sin pago extra) y el salario real descendió en picada con la dolarización, en especial para los últimos, al menos en un 30.5 % con la conversión de 8.75 de colón por dólar USA.

Este esquema no reserva prácticamente ningún lugar para la educación superior pública y de acceso masivo. La educación superior masiva, sólo pensada como reflejo o respuesta a las demandas inmediatas del mercado, se transforma en un gasto improductivo y oneroso desde la perspectiva del sistema. Los trabajadores flexibilizados y degradados no requieren una formación que vaya más allá de la básica necesaria para realizar tareas sencillas, en las maquilas o ciertos servicios, por ejemplo.

Resulta más barato entonces que los trabajadores que necesariamente requieren una sofisticada capacitación, solventen sus estudios superiores de manera individual a través del salario (en la práctica mediante los ingresos de sus padres). El resto queda privado de toda formación de orden superior, que resulta superflua en relación con el papel que se les reserva en el sistema productivo.

Esta claro que, sobre el acceso al sistema de educación superior salvadoreño, la variable pertinente es la socio-económica; en tal sentido, prácticamente no hay dificultades académicas para entrar a una de las 26 universidades privadas o a cualquiera de los cinco institutos especializados mientras el estudiante tenga para pagar los aranceles, las cuotas respectivas y hasta los libros y fotocopias que habrá de comprar en la misma.

Para el caso, de acuerdo con la investigación de Joaquín Samayoa (1994), el 27% de las universidades cobran cuotas diferenciadas por nivel de ingreso, el 65% de las universidades admiten al 90% o más de los estudiantes que solicitan ingreso y el 25% de las universidades ni siquiera realizan pruebas de admisión.

Las cifras que relacionan a los niveles de media y superior son relativamente satisfactorios en el país, pues más de un 90% de los bachilleres ingresa a la universidad según la publicación del MINED "Educación de El Salvador en cifras (1994)"; sin embargo, sobre la marcha se ha detectado que un alto porcentaje de los estudiantes tienen que trabajar.

En la actualidad se puede reafirmar esta tesis con más radicalidad en tanto que se han detectado más bien "trabajadores que estudian" y que buscan los fines de semana para estudiar. Estos factores generan problemas en la vida del estudiante y redundan en muchos casos en fracasos o en mediocridad. Los factores de inequidad económica son evidentes en la pirámide de escolaridad a escala nacional.

A manera de ejemplo, para 1992 un número porcentual muy bajo de los estudiantes de educación superior, o sea el 7%, provienen de un 40% hogares de bajos ingresos, mientras que un 57% provenía del 20% de hogares con ingresos más altos; estos datos pernean a todo el espectro de la educación superior y se agudizan en la fase de egreso y de graduación (Samayoa, 1994).

Entonces, en este marco, que probablemente ha variado poco hasta el presente año, lo ideal es un sistema universitario adecuado a la creciente separación de los grupos sociales mediante la distinción entre universidades de primera clase o de elite (UCA, Matías Delgado, ESEN, Mónica Herrera) y universidades supuestamente de segunda clase (Pedagógica, UMA, Luterana, etc.) ambas privadas.

El período de transición hacia la diferenciación en su forma definitiva está signado por la progresiva transformación en los procesos de trabajo, que en algunos casos implica la desaparición de ciertas ocupaciones, y en otros una simplificación creciente. Profesiones liberales ,anteriormente bien remuneradas, como el médico o el odontólogo con clínica establecida, o el abogado con buffet propio, por mencionar algunos ejemplos, se han transformado mayoritariamente en puestos de mediana y baja remuneración dentro de grandes empresas (hospitales privados , por ejemplo) o cadenas especializadas de servicio.

"Estas empresas tienen acceso a tecnologías costosas, inaccesibles para un profesional autónomo. No se trata simplemente de un cambio en la forma, sino en el contenido mismo de las actividades, que se hacen más sencillas, monótonas y requieren cada vez menos de una formación universal. Este movimiento se reflejó en un deterioro en la formación universitaria, en el acortamiento de las carreras de grado y en reclamos generalizados en lo que respecta a la adecuación entre la formación y las necesidades del mercado" (Gómez, M. 2001).

En pocas palabras, este es el proceso oculto que se manifiesta en las prácticas y el discurso de la lógica de la privatización y que encarna en los diversos intereses inmediatos de múltiples sectores.

6. Los intereses concretos detrás de la lógica de la privatización

La obtención de un beneficio directo es el motivo inmediato de la constante presión a favor de cierta modalidad de privatización y es en la búsqueda de esos beneficios donde precisamente se batalla por un sistema universitario adecuado a la creciente segmentación registrada en el proceso de trabajo. Es en ese marco que salen a relucir los intereses de los sectores hegemónicos, pero también el de los populares, ante todo cuando surge la eterna problemática del presupuesto de la nación, año tras año, y no se equiparan salarios con relación al costo de la vida real.

En tal sentido, reducir hasta donde se pueda el financiamiento estatal de la universidad nacional contribuiría a reducir el gasto fiscal, liberando recursos que pueden encauzarse hacia otros usos que beneficien en forma directa a ciertos sectores hegemónicos. Estas ventajas abarcan, entre otras, el pago de la deuda pública, fundamentalmente la externa.

A la vez, estos sectores son también partidarios de la reducción del gasto fiscal en función del impacto que tal reducción generaría sobre su carga impositiva.

En ese rubro podríamos incluir a los proveedores y contratistas del Estado (habitualmente empresas pertenecientes a los grupos económicos locales), al vasto conjunto de acreedores del mismo (incluyendo a bancos, AFPs, organismos internacionales) a las empresas privatizadas y sectores exportadores.

Asimismo, los grupos empresariales vinculados con la enseñanza superior sueñan con una privatización completa que dé lugar a un sustancioso negocio que practica la elusión fiscal utilizando la figura de ser "empresas sin fines de lucro". Este mercado no sólo sería atractivo para las universidades privadas locales, sino también para universidades extranjeras que se encuentran en proceso de internacionalización de sus servicios donde de hecho, instituciones de México, España y Chile ya se han instalado en el país para explotar el floreciente mercado de los postgrados.

A propósito de lo anterior, es bueno traer a cuenta que, en la investigación realizada por Oscar Picardo (2003), titulada "Informe Nacional sobre Educación Superior de El Salvador" (I E S A L C) este afirma que:

"en lo que se refiere a las finanzas de las universidades privadas no hay mayores detalles, y a pesar de ser sin fines de lucro, existe una percepción de que "algunos propietarios" asumen cargos dirigenciales en las instituciones asignándose salarios y viáticos muy onerosos; no obstante, cruzando los datos de matrícula y colegiaturas, versus los paupérrimos salarios de docentes, se deducen ingresos significativos que permiten el crecimiento del patrimonio, además de otros ingresos por servicios asociados (fotocopias, libros, parqueos, catálogos, carné, derechos de exámenes, trámites académicos, etc."

En el marco esbozado, también hay espacio para ganancias asociadas con el sector financiero, pues la banca comercial local normalmente suelen incluir algún sistema de crédito a los estudiantes -con subvención estatal- que posiblemente se canalice a través del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) para afrontar el costo de los estudios, lo que abre un nuevo segmento en el mercado de capitales. De hecho, el Banco Salvadoreño ya publicita un crédito para financiar estudios universitarios sea a nivel de grado o postgrado, a través del Programa de Garantía para pequeños empresarios (PROGAPE).

En cuanto a las grandes empresas, su interés por la privatización está asociado con la búsqueda de una universidad más afín con sus necesidades y la lógica privada. Por un lado, estas empresas reclutan la mayor parte de sus plantillas técnicas entre los graduados universitarios y aspiran a disponer de profesionales formados según sus requerimientos, sin afrontar el costo de capacitación directa e indirecta que ello implica. Además, desde su punto de vista, las empresas financian parcialmente e indirectamente la universidad al destinarse una parte de sus impuestos a ésta.

Más aun, su interés por la privatización reside en que el perfil de graduados de una universidad privada -e igual nivel de preparación, que por otra parte no es lo que hoy sucede- tiende a ser más conveniente para este tipo de empresas: los graduados carecen de una formación orientada sobre la base de principios sociales y por tanto desarrollan una actitud de mayor valoración hacia la actividad privada (Lindenboim, 2001).

Por su parte, los partidos políticos de izquierda y de centro, y en ocasiones incluso los intelectuales afines, ven a la universidad como una potencial fuente de pensamiento autónomo y crítico capaz de cuestionar el sistema vigente tanto desde su aspecto ideológico como desde la acción política directa, lo cual podría quitarles el protagonismo mediático y de movilización tan necesario para un político que vive de la política partidista.

Los partidos políticos tradicionales también han impulsado abierta o solapadamente las posturas privatizadoras. De hecho, el FMLN, en una declaración al parecer bastante precipitada a fines de 2005, hasta cierto punto avala la implantación de la lógica de la privatización de la UES, al apoyar una iniciativa legislativa tendiente a firmar, sin mayor discusión entre los sectores, en su momento, el mencionado préstamo con el BID.

En algunos casos esta posición responde de manera inmediata a sus vínculos directos con los intereses antes mencionados. En otros, a un simple intento de control social destinado a desactivar el histórico papel combativo de la comunidad universitaria. Pero no hay que olvidar también que la UES se fue convirtiendo históricamente en una fuente de financiamiento partidario, de captación y "fogueo" de la futura dirigencia política nacional (casi todos los ex comandantes del FMLN fueron en su momento lideres estudiantiles) y de rédito político a través de la propaganda y la organización.

Es más, dentro de la propia universidad nacional hay quienes no ven con mala cara el proyecto privatizador. La conjunción de la necesidad de mayor presupuesto, con la premisa de que es imposible conseguirlo, lleva a algunos sectores del cuerpo docente a sostener que la única solución es aplicar las recomendaciones del BID, particularmente el referido a los aranceles. Aunque estas posiciones no suelen ser mayoritarias es menester reconocer su presencia, fruto también de la influencia neoliberal en los círculos académicos.

En particular se destaca un sector entre los docentes e investigadores vinculados al Consejo de Investigaciones Científicas (CIC) que se ha visto especialmente favorecido, con cierta razón, por la penetración del financiamiento directo. Esta "aristocracia científica" o "elite académica" (que por cierto ya era tiempo que surgiera), generalmente vinculada de manera estrecha con algunas autoridades de la universidad, o por méritos realmente ganados en su práctica, apuesta a encontrar en la implementación de la lógica de la privatización una fuente de beneficios adicionales e ingresos económicos, así como una disminución de sus obligaciones docentes. Lo mismo puede decirse de quienes hoy administran exiguos recursos financieros y se sienten atraídos por la posibilidad de manejar mayores fondos y acrecentar así su influencia burocrática, como de hecho sucede en las oficinas centrales de la UES y en algunos decanatos.

En síntesis, de hecho, no sería correcto minimizar los avances que han logrado en las últimos meses en dirección a la "nueva modalidad de privatización" de la UES, especialmente a través de la imposición sistemática del ajuste presupuestario y la introducción de criterios mercantiles en la enseñanza, donde incluso los docentes de la institución pagan para cualificarse cuando realizan estudios de postgrado, en abierta violación al "Reglamento general del sistema de escalafón del personal de la UES", en su numeral 19 ,literal f. Es, en estos casos concretos, donde ya puede verse el avance de la lógica de la privatización como la nueva mentalidad con que se quiere manejar la institución.

Sin embargo, y en esto hemos de ser claros, los caminos de la lógica de la privatización no se limitan a la aplicación de aranceles directos ni sólo al aumento de cuotas (disfrazado, claro está, de actualización). En varias facultades de la UES los criterios mercantiles se impusieron principalmente en los estudios de postgrado, donde se encontró terreno fértil para cobrar los cursos. Así, la Universidad Nacional ya se dedica a la conquista de este jugoso mercado.

En detrimento de los estudios doctorales (aún inexistentes en la UES y las privadas) se ha registrado una verdadera invasión comercial de diversos cursos de postgrado y maestrías, en numerosos casos de pobre nivel académico, orientados principalmente a otorgar nuevas credenciales que en teoría contribuirán a facilitar la inserción de los egresados en un mercado laboral cada vez más estrecho y competitivo.

7. Crítica a los argumentos en favor del aumento de las cuotas y aranceles

La gran mayoría de los trabajos que sostienen la necesidad de reformar la universidad mediante una nueva lógica, prescinden completamente de dos aspectos centrales a la hora de caracterizarla:

La historia de limitaciones presupuestarias, agresiones militares y amenazas concretas a su comunidad y a su quehacer académico.

La íntima relación con el proceso de desarrollo social y económico salvadoreño.

Todos los trabajos que sostienen la necesidad de aumentar los aranceles (o actualizar cuotas) destacan un triste y deplorable panorama a la hora de retratar la UES. En cierta forma, los defensores de la implantación de la lógica de la privatización proceden de inmediato a atribuir, utilizando eufemismos argumentativos, todas las fallas de la institución en cierta forma al carácter gratuito y masivo que esta debe tener. Por supuesto que esto no lo dicen así abiertamente, pues saben que genera resistencia en muchos sectores analíticos.

Más bien se podría afirmar con mayor fuerza argumentativa todo lo contrario: fueron los últimos años de privación presupuestaria, agresiones, injerencia externa, calumnias mediáticas, maltrato interno, lo que terminó por diezmar la universidad conduciéndola a su más profunda crisis académica.

Es más, no es la falta de aplicación de las recomendaciones propias de la lógica de la privatización, las que tienen en grave problema a la UES sino su avance subrepticio. Esto ocupa un lugar central en explicar los problemas actuales de la universidad, ante todo por la vinculación con el proceso de desarrollo del país que al limitarla en el presupuesto, limita asimismo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la investigación aplicada y humanística que podría estar al servicio del país para solucionar ciertos problemas.

8. Críticas al diagnóstico de la" eterna" escasez presupuestaria

Sin analizar y decir el porqué, y mucho menos hacer un análisis político y socio histórico, simplemente se afirma y acepta que el presupuesto es escaso. Muchos otros lo aceptan como un problema de asignación relativa e incluso que hay que tener paciencia "pues el gobierno hace lo que puede".

Con tono afectado -y paradójicamente populista- se afirma que financiar a la universidad pública aquí y en cualquier país del mundo, implica desviar partidas destinadas a fines de mayor prioridad, como la alimentación, la vivienda, la educación básica y la salud, máxime cuando hoy contamos con un gobierno "con sentido humano" que asigna 15 ó 20 dólares mensuales a algunas familias en pobreza extrema a fin de que puedan enviar a la escuela al menos a tres hijos (como promedio).

Basta con una mínima revisión de la forma en la que se asigna el presupuesto nacional para objetar este argumento. El gobierno salvadoreño no se distingue precisamente por su capacidad de asignar los fondos con arreglo a las necesidades de la sociedad, y menos todavía por sus inclinaciones hacia la planificación económica, en ningún área. Basta observar las diferentes partidas en el presupuesto general de la nación para el 2006, donde en el área de salud pública, y el ISSS, por ejemplo, en la práctica han tenido recortes con relación al 2005.

Los fondos no están inapelablemente ausentes, sino que justamente son empleados para fines ajenos al desarrollo económico y social (la propaganda gubernamental personalizada en el Presidente Antonio Saca, por ejemplo).

Este hecho queda palmariamente demostrado cada vez que, debido a la presión política, empresaria o popular, el gobierno se ve obligado a otorgar concesiones bajo la forma de refuerzos presupuestarios.

En términos estrictos, tampoco el tamaño total de los fondos públicos es absolutamente fijo, ya que, por ejemplo, se podrían aumentar los recursos disponibles combatiendo seriamente la evasión y la elusión o gravando con mayores impuestos ciertas ganancias, los dividendos bancarios y los artículos de lujo.

Un análisis pormenorizado de la distribución del presupuesto público pone de manifiesto que no es justamente el gasto en educación superior el que se encuentra sobredimensionado. En numerosos países, desarrollados o no, el presupuesto universitario público considerado como proporción del PIB, en términos absolutos o medido por estudiante, es sustancialmente mayor. Es más, en la región Centroamericana nos quedamos muy atrás, ya que, por ejemplo, Nicaragua destina el 30 % del presupuesto total de educación a la formación universitaria y Costa Rica un 20 %. Nuestro país apenas destina un pírrico 10 % del gasto total en educación, lo cual equivale al 1.17 % del PIB.

Respecto de la cantidad óptima de graduados, difícilmente podría arrogarse la capacidad de proyectar la cantidad de profesionales de cada área necesarios para el desarrollo de un Estado que ha demostrado su ineptitud para la planificación de todo tipo. El mercado, asimismo, sólo brinda señales vinculadas con las necesidades solventes de corto plazo, lo que de modo alguno constituye un criterio válido para estas decisiones. Por lo mismo, no puede afirmarse sin cinismo que, por ejemplo, "sobran médicos y odontólogos" en una sociedad en que las necesidades de salud se encuentran por completo insatisfechas: parece más cierto afirmar que no sobran médicos ni odontólogos, sino que faltan recursos públicos para salud.

Por otra parte, el recurso de contraponer el gasto en educación superior con el gasto en educación básica o en salud, como si fueran dos objetivos excluyentes, es un recurso ideológico manipulador que pretende forzar una elección entre el gasto en sectores sociales mutuamente necesarios. Este énfasis en el peso que representa la educación superior para las finanzas públicas pone al descubierto que en muchos casos el verdadero objetivo de la actualización del arancel no es mejorar el sistema universitario sino recaudar fondos para que el Estado pueda desentenderse de esta obligación constitucional.

Hemos de agregar asimismo, que la historia salvadoreña muestra que cuando el presupuesto universitario fue adecuado, la UES fue capaz de ofrecer una formación de calidad a conjuntos crecientes de la población. De esto pueden dar fe muchas instituciones y los miles de profesionales graduados en las décadas pasadas y que hoy se desempeñan con gran eficiencia y, además con ética, en la administración pública y las empresas privadas del país

De hecho, aquellos países que priorizan el financiamiento de la educación superior están reputados como los de mayor excelencia en este campo. No hay un problema natural en el hecho de que la universidad sea financiada por el Estado íntegramente, lo que implica que no es ésta la premisa sobre la que debe basarse la discusión.

9. ¿Realmente existe un problema de inequidad?

El eje de la lógica privatizadora, aquí y en cualquier parte del mundo, se centra sobre el supuesto carácter regresivo de la universidad pública y gratuita. En pocas palabras, se sostiene que a la universidad la mantienen los pobres mientras la aprovechan los de clase media -media o los acomodados, para utilizar uno de los términos utilizados en la consultoría referida anteriormente.

Empecemos por el principio: en primer lugar, no es cierto que los estudios sean hoy gratuitos.

Aun, sin tener en cuenta los aranceles o cuotas ya vigentes, el estudiante tiene que afrontar diversos gastos, realmente prohibitivos para los amplios sectores de menores ingresos. Completar una carrera universitaria en El Salvador requiere disponer de presupuesto para transporte diario, alimentación mínima de $ 1.15 el almuerzo en los cafetines (plato del día), para materiales de estudio, diversos trámites o documentos arancelados y el particularmente gravoso "costo de oportunidad" que implica limitar las horas de trabajo.

Tal como están planteadas, ciertas carreras son directamente (como medicina, odontología, etc.) incompatibles con una jornada de trabajo extendida, ya habitual en las actuales condiciones de flexibilización del mercado laboral. Este factor, generalmente pasado por alto, explica muchas veces la imposibilidad de acceder a estudios de importantes franjas de la población en edad de hacerlo.

De hecho, el problema de la universidad actual no es tanto por qué concurren los que efectivamente lo hacen, sino las condiciones que impiden que sea aún más masiva.

Es cierto que los sectores de menores ingresos no acceden a la Universidad Nacional debido a la conjunción de múltiples razones, la mayoría de carácter extra universitario, que imponen límites a su ingreso a este sistema de educación. Entre los factores que restringen el acceso pueden mencionarse:

Las evidentes fallas de la educación básica y media (que pretenden corregirse con el Plan 2021). Basta analizar los resultados de la PAES año tras año.

Los imperativos de generar ingresos al hogar (por exiguos que sean y sea en el empleo que exista), dadas las secuelas de la dolarización, entre otras razones.

La incapacidad económica de afrontar los gastos asociados con la educación universitaria.

Por lo tanto, no es cierto que por definición la UES sólo atienda a los sectores medios -alto o medios-medio. Esto no puede ser así en un país crecientemente pauperizado, con un sistema educativo básico desfinanciado e ineficaz, y que excluye a masas crecientes de su población no sólo del sistema educativo, sino cada vez más de todo mecanismo de integración social.

Entonces, el aumento de aranceles y limitaciones al ingreso solamente acentuaría el carácter restringido de la universidad actual. A la vez, al aseverar que a la universidad sólo concurren personas de ingresos medios altos y altos, el diagnóstico y la lógica privatizadora vuelven a apartarse de la realidad.

Es más, si tomamos en cuanta los siguientes datos, fácilmente constatamos que ello no es así, de acuerdo con el estudio de Adalberto Elías Campos (2004), en el apartado "Costo de los estudios y modalidades de cobro". Según las estimaciones de Campos, los costos de estudios a nivel de licenciatura en una universidad privada ascienden a unos US$ 760 al año, aún cuando en carreras del área de la salud los mismos ascienden a unos US$ 1500 al año. Además, se cobran matrículas por cada semestre que oscilan entre US$ 50 y US$ 150 dólares y cuotas mensuales entre US$ 45 y US$ 170 dólares.

Para maestrías también se cobran matrículas por semestre, cuatro en total, más las mensualidades durante dos años. Las matrículas oscilan entre los US$ 45 y los US$ 90 dólares y las mensualidades desde US$ 86 hasta US$ 176 dólares. Si comparamos estos datos con las cuotas máximas actuales en la UES, las cantidades resultas exorbitantes e inalcanzables para el mayoritario sector social de escasos recursos económicos (Campos, 2004).

Es importante recalcar que se incurre en un error al identificar el nivel de ingreso de los estudiantes con el de sus padres.

El período que va desde los 18 a los 25 años de edad coincide en nuestra sociedad con el de la independencia de los jóvenes con respecto a sus familias de origen; lo que convierte en error de cómputo el hecho de considerar la situación económica de éstos y aquellos como análogas, suponiendo un grado de dependencia económica incluso más allá de lo que la ley establece como dependencia civil (Lo Vuolo, s/f).

En todo caso, esta práctica puede ser adecuada para los sectores más acomodados de los estudiantes de la UES que apenas representan el 15 % según la consultoría del BID (2005), ya que es habitual que los jóvenes no accedan al mercado laboral sino hasta completar sus estudios, totalmente solventados por los padres.

Sin embargo, está claro que en muchos casos los estudios son desarrollados como actividad complementaria al trabajo de tiempo parcial o completo. En efecto, la gran masa de los estudiantes universitarios tiene la necesidad de trabajar "en algo" para solventar los múltiples componentes no gratuitos de su educación superior. Esto implica que incluso los aranceles o aumentos "moderados" que algunos sectores sugieren para la universidad pública resultaría un gasto elevado para la mayor parte de los estudiantes si consideramos sus verdaderos ingresos como ciudadanos emancipados.

Entonces, la acusación de inequidad está basada esencialmente sobre la supuesta regresividad del gasto universitario. Para cuestionar este argumento es necesario examinar la cuestión de la regresividad desde un doble punto de vista: el de la generación y el del gasto de los recursos públicos.

Respecto del origen de los fondos públicos destinados a la universidad, el diagnóstico de la lógica privatizadora observa el hecho de que ésta esté solventada esencialmente por los contribuyentes más pobres de los pobres. Como evidentemente el sistema impositivo salvadoreño se caracteriza por una marcada regresividad, el financiamiento universitario se concentra en las capas de menores ingresos. Nuestra crítica no puede negar la veracidad de este argumento. Sin embargo, cabe denunciar la falacia en la que reposa.

Es cierto que la universidad está solventada por los pobres, pero cuando aproximadamente la mitad de la recaudación fiscal proviene de impuestos al consumo, mientras los recursos provenientes de impuestos proporcionales a la riqueza es exigua, desde el helicóptero presidencial, las escobas de los empleados de servicio… hasta el último de los papeles membretados que utiliza el sector público es solventado por los pobres (Lindenboim, J. (2001).

Pero una cosa si es cierta e incuestionable:

Todo gasto en el que incurra el estado salvadoreño, está financiado mayoritariamente por los grupos de menores ingresos. Así de sencillo, así de cierto y así de lamentable.

Si esta acusación le cabe a la educación superior, antes le corresponde a otros gastos superfluos del gobierno central (viajes de enormes comitivas a Europa para visitar el Papa, la extensa propaganda del Presidente, etc.), a los dineros apropiados de manera ilegal (ANDA, ISSS…) debido a la galopante corrupción, a la elusión fiscal para favorecer al sector financiero, etc.

La cuestión no es que la universidad sea regresiva, sino que el sistema impositivo nacional lo es, y es allí donde deben realizarse las transformaciones fundamentales.

La pretensión de manchar con esta culpa a la educación superior y pretender que en ese ámbito se dé solución a lo que en el nivel global cada vez se agrava más, muestra la frágil posición de los que defienden la lógica de la privatización, que por otra parte pocas veces o nunca se muestran preocupados por el carácter regresivo de la recaudación fiscal, al menos que nosotros sepamos.

Por otra parte, como habíamos señalado, la educación superior no es apropiada íntegramente de manera individual y privada, sino que posee una función social relevante y necesaria para el desarrollo económico y social, entonces el gasto universitario educativo no puede en ningún sentido ser entendido como un beneficio exclusivo de los que asisten a la universidad. Por lo contrario, al igual que otros gastos sociales, el gasto en educación superior ofrece un claro beneficio para la sociedad en su conjunto.

En otro punto de vista, la caracterización neoliberal sostiene que todos los frutos de los estudios universitarios son disfrutados individualmente por el estudiante, que recibirá mayores ingresos en su futuro profesional.

Esta apropiación privada es la que justificaría aumentos en las cuotas y aranceles. Es cierto que si la formación, tal como ha ocurrido cada vez más en los últimos tiempos, toma un cariz unilateralmente profesionalista y tecnicista abandonando por completo su contenido crítico y social, la hipótesis de la apropiación individual del esfuerzo público se asemejará cada vez más a la realidad.

Se ve entonces que más que tratarse de un diagnóstico fiel de la universidad tal cual es, se trata de una anticipación de lo que la lógica de la privatización traería consigo; es, pues, una expresión de deseo, dado que éste es el lugar que se reserva para la educación pública adaptada por completo a la demanda del mercado.

"Los beneficios de la educación superior no son sólo apropiados privadamente sino que, fundamentalmente, son distribuidos hacia el conjunto de la sociedad a través de la formación de profesionales que satisfacen necesidades sociales, y de la generación de ciencia, tecnología y pensamiento crítico, esenciales para el desarrollo económico y social de cualquier país" (Johnstone, B. D. 1998) .

Por otra parte, en el caso de que, efectivamente, los egresados de la universidad obtuvieran al graduarse ingresos particularmente elevados, es razonable esperar que, en el marco de una estructura impositiva progresiva, esos egresados sean gravados en función de los ingresos y ganancias que generen. No es claro por qué, entonces, se debe aplicar un arancel o una cuota elevada que implicaría un no recomendable caso de doble imposición.

A la vez, si bien es esperable que quienes acceden a la universidad gocen de mayores ingresos en el futuro, en un país con creciente desocupación, subocupación e inestabilidad de ingresos, esta suposición no se impone como una férrea ley general. Por lo tanto, no reviste ningún sentido económico gravar una base imponible (los ingresos futuros) que no existe aún y que, de hecho, se presupone (Johnstone, B. D. (1998).

Un sencillo ejemplo muestra que aun hoy, en la medida que los ingresos del graduado se incrementan, éste "paga" al Estado sus estudios por la vía de sus contribuciones, y si sólo lo hace lentamente es debido a la mencionada regresividad del sistema impositivo. Este argumento reafirma la necesidad de colocar el foco en la reforma del sistema impositivo, el cual debería estar destinado a gravar ingresos y ganancias y no los estudios universitarios. En una situación de estabilidad socioeconómica, los ingresos promedio de un graduado universitario, según diversos estudios pueden ascender a unos $ 950,00 mientras que para un secundario completo llegan sólo a $ 450 aproximadamente. Es más, una universidad privada de San Salvador lo publicita así a través de los medios de comunicación escritos.

10. Ineficiencia y falta de calidad académica

Por último, es importante cuestionar las acusaciones de baja calidad e ineficiencia que pesan sobre la Universidad, auque ello no quita que ciertas unidades académicas no la tengan. Entendemos y sostenemos aquí que la lógica de la privatización, por si solo, no asegura de ningún modo una mejora en la calidad, ni la superación de los problemas que actualmente aquejan a la universidad.

En este sentido vale recordar que la mayoría de las universidades privadas del país no se caracterizan por el elevado nivel académico, en especial las de mayor matrícula y cuota más accesible. No en balde, la voz popular las denominó en su momento "universidades de garaje", entre otras expresiones peyorativas.

Más allá de las limitaciones y agresiones que le tocó atravesar en décadas pasadas, la única universidad estatal de El Salvador conserva en muchos campos el primer lugar en calidad educativa.

Esta ventaja se observa simplemente en los resultados obtenidos en la prueba ECAP que pasa el MINED año tras año, donde los futuros profesores egresados de la UES superan hasta en un 40% a los provenientes de las privadas. Lo mismo puede decirse, aunque en menos medida, con respecto a los que se examinan en la Corte Suprema de Justicia, para optar al notariado. Vale decir, a propósito, que en el año 2004 se sometieron al examen que administra la Corte unos 3000 estudiantes y de ellos sólo pasaron 400. Nuevamente la mayoría de los que pasaron fue de la UES.

En lo que refiere a la llamada eficiencia, la obsesión por encontrar medidas cuantitativas del desempeño de las instituciones condujo a los autores de matriz neoclásica a diseñar indicadores de eficiencia fácilmente cuestionables. Uno de los favoritos es el que busca medir la eficiencia mediante la relación entre matrícula y egresados, la que por cierto en el caso de la UES es bastante alta.

No hace falta calar muy hondo para percibir la superficialidad, propia de quienes aplican y explican estas medidas simplistas. En primer lugar porque, entre otras cosas, el índice de la cantidad de graduados por estudiante guarda relación también con el grado de exigencia que tiene la institución educativa, el tipo de formación ofrecida y la extensión de las carreras.

En este sentido, el indicador graduados/estudiantes podría entonces ser leído ya no como una medida de la (in)eficiencia de la institución, sino como un indicador de la exigencia de la misma.

Y aquí se llegaría a la conclusión de que las instituciones privadas universitarias tendrían menor grado de exigencia (hecho poco cuestionado en el país para la mayor parte de las instituciones) y por lo tanto, menor calidad de sus graduados. El hecho de que se gaste más por cada graduado no puede de ninguna manera interpretarse en sí mismo como ineficiencia, cuando no se evalúa su calidad (Riquelme, G. 2000).

El tomar al graduado como la unidad de medida por excelencia de la "productividad" de la universidad se sustenta sobre una visión (limitada) de la educación superior, según la cual toda formación que reciba un estudiante carece por completo de valor social mientras no sea coronada con la obtención de su diploma.

Por lo tanto, el pensamiento neoclásico sostiene implícitamente que un estudiante que no obtiene su diploma simplemente perdió su tiempo y, en términos del erario público, significó un derroche de recursos. Sin embargo, si el propósito de la educación universitaria es la formación y el aprendizaje no sólo hay que considerar los conocimientos adquiridos por aquellos que se gradúan, sino por todos aquellos que transitaron por la universidad.

La evidencia revela que el hecho mismo de poseer estudios universitarios parciales ofrece a los estudiantes la posibilidad de obtener diferenciales de ingresos a través de empleos a los que no podrían acceder sin esta calificación. Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto resulta beneficiada con un estudiante que ha recibido una mayor y mejor formación (Riquelme, G. 2000).

En suma, dejar cualquier aspecto de la política educativa en manos de quienes únicamente buscan maximizar estas relaciones cuantitativas sería directamente desastroso, corriendo el riesgo de la reducción arbitraria de la duración de las carreras para mejorar la "eficiencia".

11. Críticas generales a la propuesta de la lógica de la privatización en el ámbito nacional.

Esta demostrado en la práctica. La historia salvadoreña se encargó de echar por tierra todas las ilusiones creadas por la propaganda en torno de la virtud intrínseca, natural y supuestamente eficiente de la actividad gerencial privada, como modelo a seguir, al menos en el ámbito nacional.

Aunque existen honrosas distinciones y valiosos ejemplos de empresas privadas con alto sentido de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sistema imperante ¿Alguien podría explicar con la más mínima lógica, porqué nuestro país, que es gobernado y gerenciado por el mismo partido político que a su vez fue fundado, es dirigido, dominado y administrado por conocidos empresarios, desde hace 16 años, ha experimentado un amplio deterioro en términos de Desarrollo Humano (PNUD, 2003) y en su productividad económica, mientras unos pocos sectores privados obtienen enormes ganancias?

Aún más, si los propietarios o representantes de la gran empresa privada como sector hegemónico y dirigencial en la esfera gubernamental en lo público-administrativo, así como en lo político y económico fueran sumamente eficientes como lideres, administradores o gerentes, ¿Por qué el PIB del país es tan pírrico desde hace años (Más o menos 2% en el 2005)? ¿Por qué mantienen tan endeudado al país? ¿Por qué la mayoría de empresas no son competitivas ante un TLC? ¿Por qué un alto porcentaje de empresas evaden impuestos, buscan beneficiarse con elusiones fiscales, se roban cotizaciones del ISSS y las AFP’S?

¿Por qué tanta denuncia por cobros indebidos en muchas empresas? ¿No será que lo que existe en la práctica es una deuda histórica con la aplicación de los conceptos de eficiencia, calidad, competitividad, respeto al Estado de Derecho, particularmente los laborales, etc.?

¿O es la forma en que se ha desarrollado e implementado el modelo lo que ha fallado y no el sistema de libre empresa? Es probable esto último, pues en principio creemos que no es el concepto de empresa privada como valor productivo del sistema al que hay que cuestionar como institución para el desarrollo nacional. Pero lo que si está claro es que la empresa privada nacional, particularmente la gran empresa hegemónica financiera, industrial y de servicios, agrupada en ciertas gremiales, evidentemente politizadas, ha sido muy inmediatista, no ha tenido visión de nación, ha obviado la RSE y quizás, por ello mismo, es claro que no puede dar lecciones de eficiencia y ética mucho menos de cómo modernizar una institución tan compleja y enorme como la Universidad Nacional, si este fuera el caso, a través de modalidades gerenciales que ni en algunas de sus empresas privadas han podido impulsar.

Lo anterior lo planteamos, con respecto a la gran empresa privada y hegemónica, en todo sentido, porque, como lo argumenta el consultor de la Fundación Friedrich Ebert, Alexander Segovia, "El Salvador es el único país que cuenta con un gobierno de tipo empresarial en Centroamérica, en donde la agenda gubernamental es la misma del partido gobernante y de los grupos empresariales que lo integran; y el único caso que tenemos actualmente, no sólo en Centroamérica sino en toda América Latina..."

Para Segovia," la expansión de estos grupos y la concentración de la riqueza trajeron como consecuencia la exclusión de amplios sectores de la población y ha imposibilitado la ejecución de políticas públicas a largo plazo, que respondan más a las necesidades de los países que a los intereses de las elites empresariales. En un país de la región caracterizado por el autoritarismo y la falta de políticas públicas de su gobierno, hay un grupo económico que cuenta con más de 300 empresas y vende más de 2 mil millones de dólares al año", afirma, y agrega que "este poder es suficiente para financiar a los partidos políticos, los medios de comunicación y quién sabe que más instituciones" (Diario Co Latino, 21 de enero de 2006, Pág. 2).

Por su parte, Rodolfo Cardenal, Vicerrector de la UCA, refiriéndose a las declaraciones de Segovia, manifiesta que El Salvador es el único país donde los grupos de poder económico dominan el Estado, la mayoría de partidos y todas las instituciones; y donde las elites pretenden establecer una plaza financiera y de servicios para toda la región. "Esto, en detrimento de la agricultura y la industria nacional y, desde luego, del bienestar de la gente". (Diario Co Latino, 21 de enero de 2006, Pág. 2)

Entonces, a partir de la forma en que se a desarrollado el sistema, a través de su expresión en el modelo neoliberal, es más que obvio a estas alturas, que la experiencia de la privatización de los servicios y empresas públicas en el país dejó un abultado saldo negativo especialmente para los sectores empobrecidos, como de hecho ya lo han reconocido diferentes instituciones nacionales e internacionales.

Poca eficiencia puede predicarse de un sistema y el consecuente modelo, que opera con tarifas en algunos casos récord en términos internacionales (como es el caso de las empresas de telefonía), sostiene monopolios artificiales basados sobre un proceso de permanente -y cuestionable- renegociación y extensión de los plazos contractuales, incumple abiertamente los compromisos y plazos de inversión, y se encarga de trasladar al Estado los costos mientras sostiene ganancias millonarias que obviamente favorecen a ciertas empresas beneficiadas, por ejemplo, con la elusión fiscal.

En términos de equidad los resultados no fueron mejores: recurrentes reducciones y despidos de personal, limitación del servicio, financiamiento de la inversión mediante el aumento anticipado de las tarifas, desprotección del usuario o consumidor, entre otros. A la vez, resulta sorprendente que los sectores privatizadores, tan afectos a criticar al estado por su incapacidad operativa, confíen ciegamente en su capacidad para la adecuada negociación y necesaria regulación de las actividades privadas. Particularmente cabe mencionar la manifiesta incapacidad de regular la actividad de las empresas privatizadas a pesar de haber creado la Defensoría del Consumidor que, en teoría, por ejemplo, debe vigilar que los bancos y otras instituciones no hagan firmar pagarés en blanco a los usuarios de préstamos. No se comprende entonces cómo la implementación de la lógica de la privatización de la universidad estaría exenta de estas desgracias.

Finalmente nos preguntamos, en el ámbito educativo:

¿Por qué en ninguno de los estudios a favor de la lógica de la privatización encontramos alguna reflexión o investigación profunda y sustancial sobre el nivel actual de la gran mayoría de las universidades privadas (incluyendo sus costos de operación y las ganancias que, todo indica, podrían ser muy sustanciales) y la persistencia de un relativo mal nivel en la pública?

11.1 La calidad educativa

En general, en términos de la educación universitaria la calidad posee múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones. Pero el problema no consiste en buscar una nueva definición de calidad, pues ya existen muchas en la literatura actual, sino determinar aquella que más convenga a la evaluación en las condiciones de la realidad latinoamericana y en la salvadoreña en lo particular, sin olvidar que la calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y el impacto, pues no se puede concebir una institución universitaria de calidad que no sea pertinente en su entorno social.

La pertinencia y la calidad, junto a la internacionalización, representan para la UNESCO, los tres aspectos claves que determinan la posición estratégica de la educación universitaria. En tal sentido, el grado de pertinencia social de un programa o institución se mide por el impacto social que genera, por el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentido que se producen objetivamente en la sociedad de su entorno, presumiblemente como efecto del cúmulo de aportes que realiza dicho programa. Por lo mismo, está claro que el concepto de calidad de la educación universitaria cambia de contenido en cada época, no es estable y duradero porque es un concepto primordialmente histórico.

Entonces, en cuanto a las mejoras de calidad que la lógica de la privatización promete, es propio de este discurso centrarse exclusivamente sobre la dimensión económica del problema ignorando la complejidad de sus diversos aspectos. En particular, el pensamiento privatista y su lógica, ignora que la imposición de aranceles posee un negativo impacto sobre la calidad al imponer distorsiones en la lógica educativa tanto desde el punto de vista del alumno como del docente.

El vínculo docente-alumno se mercantiliza, transformando a los alumnos en clientes y a los docentes en "empleados" en la peor acepción del término, relación que condiciona su accionar. Los efectos extremos que esta transformación puede derramar sobre la calidad de la enseñanza no son transparentes en algunas de las universidades privadas salvadoreñas, en las que se da instrucciones precisas (nos consta de vista y oídas) a los docentes en lo referido a la política de evaluación, nivel y exigencia, de modo que a partir de ello no se reduzca la Matrícula, al menos en forma significativa.

11.2 La atractiva promesa de aumentar las becas.

En lo que respecta a la propuesta de instrumentar un sistema de becas, este es ideal para fomentar el acceso a la universidad de alumnos con menores recursos en un esquema de educación superior sin restricciones económicas al ingreso, es decir, sin aranceles o cuotas excesivas. En estos casos, el sistema de becas ofrece un subsidio a aquellos estudiantes con dificultades para afrontar los costos involucrados en la educación superior (existentes aun en un sistema sin aranceles elevados) tales como los costos de transporte, los materiales de estudio, libros, etcétera.

Sin embargo, la naturaleza del sistema de becas es transformada cuando éste funciona como un mecanismo encubierto de selección, discriminación social y hasta de género. Este es el rol del sistema de becas en el marco de la propuesta de la lógica privatizadora, en la que rige la cuota diferenciada y el sistema de becas funciona como complemento. En estos casos, la experiencia indica que estos sistemas no resuelven la desigualdad creada desde el inicio en el sistema educativo, al diferenciar entre quienes pueden, y no, pagar el arancel alto. En lugar de favorecer la equidad y brindar oportunidades a los más desfavorecidos, los sistemas de becas tienden en estos casos a reafirmar la desigualdad entre quien la necesita y no.

Mientras ciertos sectores ingresan directamente a la universidad, los más vulnerables deben someterse a procesos de "demostración de pobreza" que no se les exigen a quienes no requieren financiamiento, cayendo en la estigmatización. Este proceso termina remarcando la incapacidad de sustento del becado, que debe demostrar permanentemente una suerte de gratitud. Es más, la desigualdad es mayor en tanto los becarios que ya cargan con las dificultades propias de su situación deben además sostener un rendimiento extraordinariamente bueno.

No puede hablarse de equidad en un sistema que exige más a los más desfavorecidos, como si debieran demostrar permanentemente que "merecen" la ayuda, mientras es por completo indulgente con los que pueden pagar.

Los sistemas masivos de becas se caracterizan además por su costosa gestión y elevada exigencia técnica en la administración. Su implementación involucra la evaluación y monitoreo permanentes de miles de potenciales estudiantes. En particular, la posibilidad de ofrecer un sistema de becas transparente e imparcial resulta una exigencia que pocos países del mundo han logrado cumplir.

Adicionalmente, por tratarse El Salvador de un país cuya población sufre una alta inestabilidad en los ingresos, desempleo y subempleo, la exigencia de actualización permanente de los archivos de los potenciales beneficiarios se torna especialmente relevante si el sistema pretende hacer justicia con todos aquellos que soliciten una beca.

Existen a la vez otras limitaciones de carácter técnico (no hay en el país un padrón confiable y actualizado que permita analizar expeditivamente el nivel de ingresos de la familia de un potencial becario) y económico (la evaluación permanente de la capacidad contributiva de los potenciales y efectivos becarios se presenta como altamente costosa).

Por último la implantación de un sistema de becas con la capacidad para determinar quiénes tienen acceso a ingresar y permanecer en la educación superior implica poner en manos de las autoridades universitarias una herramienta potencial de control ideológico y político de la población estudiantil. Es más, la manipulación se hace presente en aquellos estudiantes o asociaciones estudiantiles que, con tal de tener acceso o mantenerse en la UES, mediante el sistema de becas, brindan apoyo obligado a ciertas medidas propias de la lógica privatizadora, sin haber analizado seriamente las consecuencias.

A la vez, en numerosas propuestas, que más de alguna muy pronto se harán públicas por el sistema financiero local, se plantea la posibilidad de implementar un sistema de créditos para los estudiantes de menores recursos, pero que, obviamente, puedan ofrecer cierta garantía para el pago futuro, normalmente un fiador.

Imaginemos simplemente el costo total de la educación de un estudiante que deba afrontar tasas de interés de la magnitud que caracteriza al mercado de capitales salvadoreño. En un modelo neoliberal, muchas veces se sugiere operar con tasas subsidiadas, lo que podría terminar en un beneficio adicional para los estudiantes que poseen las garantías suficientes incluso para financiarse en el mercado financiero a tasas no subsidiadas (Lindenboim, J. (2001):

A manera de conclusión momentánea para continuar el debate responsable

Este documento se centró especialmente sobre el examen crítico de los argumentos de quienes, por desconocimiento, ingenuidad o con claras intenciones, promueven la imposición de la lógica de la privatización en la única universidad pública del país.

Hemos puesto de manifiesto, incluso en los propios términos de quienes los sostienen, la debilidad de los argumentos esgrimidos, así como su naturaleza falaz y su escaso sustento empírico. A la vez, hemos mostrado cuáles son los verdaderos intereses políticos y económicos que, escudados tras supuestas verdades científicas, datos objetivos y principios universales, impulsan veladamente la privatización de la universidad pública salvadoreña.

Al revisar los intereses concretos que se esconden tras el discurso privatizador, como forma de dominación global impulsado por los organismos financieros internacionales como el BID, hemos revelado que éstos se encuentran motivados por la necesidad de adecuar la UES a las transformaciones en la dinámica del desarrollo económico de los últimos 16 años, el flujo de emigrantes y el consecuente envío de las remesas, entre otros factores, que estimulan a ciertos conglomerados financieros nacionales y de comerciantes locales y de servicios.

Entonces, esta lógica de la privatización responde a intereses diversos pero concordantes; entre ellos, podemos mencionar que la intención de reajustar las cuotas (que no es lo mismo que aumento sostienen algunas autoridades) surge de la urgencia por liberar recursos presupuestarios, y de la posibilidad de numerosos nuevos negocios y segmentos abiertos a la explotación privada, que resultan atractivos para todo un conjunto de capitales locales.

Desde nuestro punto de vista en cambio, transformar la universidad pública, gratuita y masiva, es sellar a fuego el retroceso que la adopción del neoliberalismo ha impuesto sobre la sociedad salvadoreña desde hace unos 16 años, a partir del ascenso al gobierno del Pdte. Alfredo Cristiani. Tal como se hizo con las empresas públicas a comienzos de los '90, se postula que en el caso de la única Universidad pública del país, la mejor solución radica en imprimirle la lógica de la privatización, como un primer paso hacia la privatización total a largo plazo.

Sin embargo, como hemos argumentado, propuestas como la de implementar la lógica de la privatización y la actualización del arancel no ofrecen salidas reales a los problemas de calidad y falta de financiamiento de la universidad pública. Reviste una urgencia ineludible en medio de la tormenta política, económica y social por la que atraviesa el país comprender los intereses políticos y económicos que se esconden tras el discurso privatizador de la universidad. Del mismo modo, es imprescindible tomar conciencia de la gravedad que conlleva privatizar asolapadamente uno de los últimos reductos con capacidad y potencialidad crítica, científica e innovadora que quedan en el país.

Finalmente hemos de dejar claro que nuestra defensa de una universidad pública, gratuita, crítica, eficiente en lo académico y administrativo y al servicio de la sociedad pasa por tratar de dar lo mejor de cada uno, ya sea como docente, trabajador o estudiante.

La palabra defensa, no obstante, debe entenderse adecuadamente y sin sesgos ideológicos, en tanto nuestra posición se aparta de la de aquellos que buscan conservar o (en el mejor de los casos retocar ligeramente) una universidad que como argumentamos, es a todas luces anacrónica, deficiente y acomodada en el aspecto del rendimiento laboral-académico y, para lo cual , como ya lo hemos mencionado antes, ciertamente se necesita realizar una verdadera evaluación institucional que abarque a todos los sectores, pero que tenga como fin claro el buscar superar las deficiencias y sin sesgos de mala intención o revanchismos.

En síntesis, nuestra propuesta apunta más bien a una profunda refundación de nuestra única universidad pública, que la coloque a la altura de los desafíos presentes y futuros que demanda el país, en los ámbitos de las ciencias, las humanidades, las artes y la tecnología. Esta refundación no puede tener más objeto que poner a la universidad al servicio de la transformación social, política y económica, a la vez que defienda nuestra identidad nacional (FIEL – CEP. (2000).

Referencias

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